El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección contra amenazas transfronterizas graves para la salud o la garantía de altos niveles de calidad y seguridad de la asistencia sanitaria y de medicamentos o dispositivos médicos, sobre la base de la legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros que establece medidas adecuadas y específicas para salvaguardar los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional